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flecha. Teléfono móvil de regular calidad y precio accesible.

El término es el resultado de asociar el hecho

de que todo ‘indio’ tiene acceso a una.

Véase indiazo, indio, panela

Bogotálogo, 2012, Tomo I: 99[i]

 

flecha: s./adj. inf. humor. Teléfono celular de bajo costo

que sólo tiene funciones básicas como hacer y recibir llamadas.

Si lo único que desean es hablar por teléfono, no es necesario

que boten la flecha ya que esta seguirá funcionando

para lo que está diseñada: para llamar.

Diccionario de colombianismos. 2018[ii]

 

 

Sobre indios y flechas: implicaturas conversacionales e ideologías lingüísticas

en el discurso privado colombiano

 

Resumen

Este ensayo aborda el episodio de disputa entre un funcionario del Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones de Colombia (TIC) y un grupo de indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). El texto se detiene en las implicaciones conversacionales de los calificativos “brutos” y “miserables” lanzados por el funcionario de las TIC, y explora el impacto del vocablo “flecha” como término peyorativo para referirse al mundo indígena colombiano. El ensayo se alinea con el Análisis Crítico del Discurso y los trabajos que desde el campo de la sociolingüística crítica se han realizado en el área de las ideologías lingüísticas.

Palabras clave: glotopolítica, racismo, Colombia, Guardia indígena, lexicografía

Abstract

This essay addresses the episode of dispute between an official of the Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones de Colombia (TIC) and a group of indigenous people from the Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). The text dwells on the conversational implications of the adjectives brutos and wretched used by one of the TIC officials, and explores the impact of the word flecha as a pejorative term to refer to the indigenous world in Colombia. The essay is aligned with Critical Discourse Analysis and the works that have been carried out in the area of ​​linguistic ideologies within the field of critical sociolinguistics.

Keywords: glotopolitics, racism, Colombia, Guardia indígena, lexicography

 

 

Introducción

La pandemia del COVID 19 reveló el submundo del micrófono abierto, ese que queda encendido inadvertidamente y confiesa fragmentos de privacidad de nuestras rutinas de confinamiento. Hemos presenciado desde catedráticos que rompen en insultos contra sus alumnos tras terminar la clase, hasta tele conferencistas que acuden al baño u otras instancias privadas en presencia de sus perplejos colegas. Pero no todos son episodios de índole humorística o de banal impacto.

Varios acarrean vergüenzas colectivas que ameritan minucioso examen y recordación. Tomemos por caso el incidente del 19 de mayo de 2020, cuando algunos funcionarios del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (TIC), del Gobierno del presidente Iván Duque, insultaron a un grupo de indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) luego de que sostuvieran con ellos una reunión virtual, en la que se discurría sobre un plan de contingencia para enfrentar los perjuicios causados por el coronavirus entre la población indígena del departamento del Cauca. Sin reparar en que su micrófono virtual seguía abierto, el funcionario profirió varias injurias entre las que se leen las siguientes líneas:

Qué tal esos malparidos […] En este momento ya me importa un culo. Quieren casas, se las hago. Me está doliendo la cabeza. Dotación, ¿qué más? Malparidos. Esos 300.000 pesos lo que van a hacer es comprarse unas flechas y una tarjeta amigo. Esa es la dotación de un punto de internet en un resguardo, y se las reparten en transporte en busetas y esas vainas […] ¿Qué tal esos hijueputas? […] Ellos nunca van a cambiar y van a ser miserables y brutos toda su vida. Malparidos. Yo ya odio a estos hijueputas. A veces pienso qué mamera hacer un contrato con ellos el otro año. Pirobos hijueputas” (Semana. May 21, 2020).[iii]

Una vez liberados los audios, las reacciones institucionales no se hicieron esperar. El Ministerio de las TIC lanzó un comunicado en el que rechazaba “cualquier acción irrespetuosa hacia las comunidades indígenas, que no representan en nada la posición del Ministerio, sino que contradicen abiertamente los lineamientos de esta cartera” (Ministerio TIC. May 21, 2020).  La Defensoría del Pueblo trinó que rechazaba “el lenguaje y la actitud racista de presuntos funcionarios públicos contra el @CRIC_Cauca. Tenemos que avanzar como Nación contra la discriminación y condenar esos actos como sociedad” (Semana. May 21, 2020). La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) añadió que “la xenofobia y el racismo no pueden seguir imperando en la gobernabilidad nacional” (El Tiempo. May 21, 2020).  El CRIC, por su parte, lanzó un comunicado en el que exigía la identificación de los funcionarios, su despido inmediato y una presentación de disculpas públicas por parte del Gobierno Nacional a los pueblos indígenas. Comentaban además que el episodio “muestra otra hoja más en la sistematicidad con que las elites dominantes en Colombia, enquistadas en el Estado, han venido consolidando un genocidio económico, social, cultural, ambiental de los pueblos indígenas, que además se retroalimenta con la violencia y el conflicto armado, colocándonos en riesgo de exterminio físico y cultural” (Prensa Cric. May 21, 2020). Los funcionarios fueron, en efecto, identificados y despedidos de sus cargos y el Ministerio de las TIC presentó unas disculpas públicas por parte del Gobierno duquista a las comunidades aglutinadas por el CRIC.

Podría argumentarse que los actos de habla del funcionario son de valor meramente anecdótico, puesto que no provienen de una figura pública y porque tuvieron lugar a través de una conversación privada y no una alocución pública u oficial. Hecho que en principio impediría leerlos como posiciones de Estado o ideologías compartidas a nivel nacional por la población colombiana en general. Y, sin embargo, que las infelices palabras del funcionario fueran captadas en el ámbito de lo privado no debe desestimar su valor como objeto de estudio académico ni mucho menos trivializar su naturaleza ideológica como caso aislado que no se corresponde con posiciones colectivas populares o gubernamentales. Antes bien, es precisamente porque los desafortunados comentarios del funcionario de cargo medio ocurrieron en el ámbito de lo privado -y no conciertan con las aclaraciones apresuradamente emitidas por el Ministerio y el Gobierno nacional en el ámbito de lo público-, que queda en evidencia la existencia de un discurso encubierto y peligroso que amerita la revisión urgente y panorámica de esa caja de pandora que ya es imposible cerrar. Desconocer su trascendencia y tildarla de anecdótica o excepcional podría incluso contribuir a la banalización de la violencia que los comentarios del funcionario reproducen. Por lo demás, la evidencia a nivel discursivo de que tal violencia se encuentra ampliamente normalizada entre la comunidad colombiana radica en el patrón de borramiento (Irvine and Gal, 2000) de las ideologías y conflictos políticos que pueblan las reacciones de las instituciones involucradas.

Así, si bien los pronunciamientos públicos y oficiales por parte de las instancias del Gobierno aluden a la gravedad de las ofensas y a la naturaleza discriminatoria y racista de ellas, ninguno repara en los mecanismos retóricos que la constituyen o los conflictos políticos a las que ellas refieren. En otras palabras, se reconoce que hay un contenido discriminatorio en los comentarios hostiles de los funcionarios, pero no se deconstruye su contenido para extraer las ideas preconcebidas que los sostienen. Pese a que nunca se explicita lo que se quiso decir con “miserables”, “brutos” de toda la vida y compra de “flechas”, el mensaje es visiblemente comprendido, sin inconvenientes ni petición de aclaraciones, tanto por quienes lo escuchan en la conversación privada, como por quienes lo escuchamos en diferido y/o quienes lo comentan públicamente de manera oficial. Esto sugiere que hay un conjunto consensuado de creencias ampliamente diseminadas en la sociedad colombiana, que permiten intuir sin mayores explicaciones el significado de los enunciados recogidos. No perdamos de vista el epígrafe de este texto, como prueba de la vasta comprensión y uso que comparte la sociedad colombiana de términos segregacionistas que señalan desdeñosamente a las comunidades indígenas del país. Para la muestra, el vocablo “flecha” es recogido como vocablo humorístico (sin marca de despectivo, pero sí con ejemplo de uso) por dos diccionarios que cuentan con el patrocinio del Ministerio de Cultura de Colombia, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, y el Instituto Caro y Cuervo, entre otros. De esta suerte, el episodio “anecdótico” y “aislado” de las TIC queda ineludiblemente ligado a un conjunto de convenciones extensamente compartidas y legitimadas como patrimonio cultural por diferentes esferas del Gobierno nacional. 

Implicaturas conversacionales, representaciones sociales e ideología

Por lo mismo, este ensayo atiende precisamente a la extracción semántica de aquello que NO se dice en el discurso de los funcionarios del Gobierno, pero que se figura, a partir de un sistema de valores, ideas y prácticas sociales compartidas por buena parte de los colombianos. Para aproximarnos al mensaje que no se enuncia, pero sí se trasmite, acudiremos al concepto de implicaturas conversacionales (Grice, 1975), es decir, al contenido implícito de las conversaciones informales, que requiere de las inferencias pragmáticas de quienes reciben el mensaje del emisor para entender lo que se dijo. En el campo de la pragmática, un encubrimiento del significado de la elocución ocurre por el incumplimiento de las máximas comunicativas y el análisis de estas debe consistir en la especificación de las condiciones bajo las cuales se usa la expresión analizada para ser comprendida (Grice, 1975: 512). Así mismo, desde la teoría de las representaciones sociales (Moscovici, 1961) se atiende a la expresión de creencias compartidas que se interpretan como sentido común e inciden en la construcción material de la realidad (Materán, 2008). Estos sistemas de creencias consiguen producirse, sostenerse y trasmitirse socioculturalmente puesto que se externalizan a partir de discursos institucionales y actitudes individuales dentro de un grupo social (Fraser, 1994). Para el Análisis Crítico del Discurso, estas representaciones se expresan en juicios, opiniones, saberes y actitudes que, en últimas, determinan los haceres sociales de una comunidad (Pardo Abril, 2007). Este conjunto de creencias manifiestas a través del discurso, entendido aquí como un hecho performativo determinado por la relación dialógica con el contexto en el que se emite (del Valle, 2007), es lo que se entiende en ese mismo campo por ideología. “Las ideologías no son solamente conjuntos de creencias, sino creencias socialmente compartidas por grupos [y] un componente fundamental en ese proceso de reproducción es el discurso” (van Dijk, 2006: 175). Las posturas ideológicas de un grupo social específico suelen plegarse al poder de una clase dominante, por lo que pueden verse integradas como representaciones sociales en leyes, normas y hábitos que sostienen órdenes sociales hegemónicos (Van Dijk, 2001).

Ideologías lingüísticas en Colombia

El origen de la categoría del “indio miserable”, anota Caroline Cunill (2011), se remonta a mediados del Siglo XVI, cuando Fray Bartolomé de las Casas propugnó por la política del amparo de los “naturales” americanos. El anhelo político de su postura consistía en justificar la intervención en los asuntos indígenas, disponer de su mano de obra y asegurarse de que los indígenas dependieran de la jurisdicción eclesiástica en América (Cunill, 2011: 233). Por lo mismo, otras autoridades reales y coloniales -que adivinaron este potencial de dominio poblacional- se disputaron con la Iglesia el mismo interés. De allí que el tópico del “indio miserable” pasara por varias narrativas de dominio, que apuntaban siempre, aunque con distintos matices, a la inferioridad, pobreza y “poco entendimiento” de los indígenas (Cunill, 2011: 237). Estos atributos, claro está, se correspondían con las imposiciones de fe, lengua y cultura que gestaban los europeos sobre los indígenas americanos y con las que consiguieron naturalizar la subordinación de las comunidades nativas a todo lo largo del continente.

En Colombia, a través de la instrucción misionera, el Estado instauró y conservó su capacidad de intervención en los resguardos indígenas, como condición fundamental impuesta a las comunidades para alcanzar el estado civilizado a través de la instrucción del español y la fe católica (Grӧll, 2009: 55). Para el caso colombiano en particular, es preciso repasar el contexto político y lingüístico que cobró forma durante el siglo XIX y continuó nutriendo esos discursos de inferiorización de lo indígena. En el marco del proceso político conocido como La Regeneración, sumado a la confección de la Constitución de 1886 y a la renovación de las misiones religiosas en el territorio nacional, el Gobierno colombiano reconoció la existencia de los resguardos indígenas en 1887, pero sus integrantes fueron siempre asimilados como menores de edad en términos legales y ciudadanos (Pineda Camacho, 2000: 17). Inclusive la oficialización constitucional de 1991, de las lenguas y dialectos de los grupos étnicos en sus propios territorios, supuso también la superioridad lingüística de la lengua castellana por encima de las lenguas indígenas. Esto, puesto que los ciudadanos indígenas se ven continuamente obligados a expresarse en dos lenguas –la propia y la lengua española–, mientras que el castellano-hablante “se hace entender” en cualquier parte del territorio nacional sin aprender una sola lengua nativa. Esta desventaja, evidenciada por Grӧll (2009) refiere también a las situaciones en las que el hablante, incluso en sus territorios, se ve obligado a comunicarse en español con agentes oficiales o visitantes que no hablan la lengua indígena (Grӧll, 2009: 93). Estas inercias están sujetas a la valoración de las lenguas a partir de su potencial mercantil y conlleva a que en Colombia se entienda por bilingüismo el manejo del español y otra lengua mayoritaria (inglés, francés, alemán, etc.), pero nunca al uso de español y una lengua indígena, ni mucho menos al uso de dos lenguas indígenas. Por lo demás, el bilingüismo del indígena que habla español y una lengua nativa no es esencialmente positivo para las comunidades autóctonas. Pongamos por caso, el caso preciso de las comunidades agrupadas por el CRIC, para quienes “defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas les permitiría mantenerse unidos y fuertes […] aprenderían a no ser humillados y a luchar”. Por lo que para los diferentes segmentos del CRIC resulta indispensable que los niños se eduquen en sus tradiciones y en lengua indígena, puesto que si los instructores asignados por el Gobierno son bilingües “no son necesariamente maestros. Porque no los dejan realmente enseñar. Sólo les ponen a repetir en lengua propia lo que dice el maestro blanco” (Moreno Rodríguez, 2011: 22).  

De esta manera, y de cara al vergonzoso episodio que nos atañe, asistimos a la reproducción de un discurso colonial y retardatario, profundamente eurocéntrico, que repudia y trivializa los saberes otros pretendiéndose científico y neutral. Este pensamiento ideológicamente situado que, no obstante, se percibe diáfano, neutro y universal, es un claro ejemplo de la hybris del punto cero (Castro Gómez, 2007), para la que solamente son legítimos aquellos conocimientos producidos desde el punto cero mismo. “Los demás conocimientos, desplegados históricamente por la humanidad durante milenios, son vistos como anecdóticos, superfluos, folclóricos, mitológicos, precientíficos y, en cualquier caso, [como doxa a superar, como visiones de mundo] pertenecientes al pasado de Occidente” (Castro Gómez, 2007: 88).

Así las cosas, la señalización excluyente de los indígenas como “miserables” y “brutos” está íntimamente ligada a prácticas lingüísticas y religiosas, estandarizadas y violentamente impuestas sobre las comunidades indígenas del territorio nacional. Condición que deriva en una categoría de ideologías más específicas, enquistadas en el atesoramiento acrítico de la lengua castellana como patrimonio cultural supremo de una nación, a saber: la de las ideologías lingüísticas (del Valle, 2007). Por ideologías lingüísticas se entiende el conjunto de “creencias o sentimientos que se tiene hacia las lenguas en los contextos sociales en las que son usadas” (Kroskrity, 2004: 498) y cuyo accionar se expresa en juicios de calidad, valor, estatus y dominio de una única norma lingüística, que opera a su vez en función de un sistema educativo monolingüe y consigue distribuirse a través de la administración estatal de un territorio, constituyéndose como elemento esencial de la identidad nacional (Blommaert, 2005).

En ese orden, los indígenas son “brutos” y “miserables” en tanto que hablan español como segunda lengua y conciben cosmologías alternativas al modelo neoliberal de desarrollo arbitrado desde las instituciones del Estado que fingen, como es palpable en el episodio de discriminación que nos ocupa, preocupación por su anhelo del buen vivir. Las representaciones binarias a las que apelan estos agravios son, por supuesto, a las de barbarie y civilización, mito y ciencia, pobreza y desarrollo; categorías vigorosamente ancladas a un ideal económico de sistema-mundo que estuvo orientado al alcance de la modernidad en la Europa colonial (Castro Gómez, 2000).

Como se ha dicho, desde su fundación en 1971, el CRIC propende por la formación de maestros indígenas que enseñen en sus lenguas propias e impartan primordialmente los saberes que resultan valiosos para sus comunidades locales, aunque éstas no corresponden con las necesidades o versiones educativas implantadas desde la oficialidad (Moreno Rodríguez, 2011: 22). Dado el contexto de la pandemia, comenta María Fernanda Marín, Asesora Pedagógica del CRIC[iv], se estaba tramitando con las TIC la garantía de la conectividad dentro de esos procesos educativos organizacionales o culturales que hacen parte de las nuevas emergencias (Marín: junio de 2020), pues las distintas comunidades tienen emisoras y programas radiales y comunitarios que se tornaron vitales para la supervivencia de las comunidades acechadas por el COVID. Al hablar de las comunidades, agrega Marín, “no se puede fraccionar todo lo que significan como pueblos, por lo tanto, son cultura, espiritualidad, lengua y territorio”. Sobre este tema también comenta Abelardo Ramos Pacho, Dinamizador y Orientador del CRIC y de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIn)[v]: 

En la lengua es donde anidan nuestras epistemologías, nuestras sabidurías ancestrales y tenemos que activarlas, dinamizarlas y fortalecerlas […] para que dimensionemos nuestra historia […] La historia está por hacerse [porque] está escrita desde los vencedores […] no desde la nuestra […] Nuestra lengua tiene valor para los pueblos indígenas […] hoy estamos vivos y en resistencia y la lengua es parte de nuestra resistencia porque es donde está despierto o dormido nuestro pensamiento milenario”. (Ramos Pacho: junio de 2020)

Ciertamente, hablar otra lengua y consentir un modelo de sociedad distinto al integrado por el de los hablantes de una lengua mayoritaria (en este caso el español) resulta incómodo para los funcionarios del Gobierno, precisamente, porque pone en cuestión el paradigma económico imperante. En otras palabras, hablar otra lengua involucra una opinión política distinta, una apertura hacia el disenso; y, para el caso que nos concierne, una ciudadanía que se sabe digna de derechos y así se los exige al Gobierno que dice representarla.

La actitud del funcionario de las TIC retrata “filosofías utilitaristas, de mercado […] un poco ruin, en el sentido monopolista y extractivista que es muy contrario a las filosofías y sentidos de vida que nos acompañan a nosotros” (Ramos Pacho: junio de 2020). Esto, pese a que desde el Ministerio de las TIC se ratifica “el interés y la disposición de garantizar el acceso a la tecnología a los pueblos indígenas de Colombia, especialmente a los medios públicos, con el fin de promover la inclusión y equidad social” (Ministerio TIC, noviembre 23, 2018). A este respecto, Santiago Castro Gómez (2000) afirma que la configuración histórica del poder en el marco del sistema-mundo se ha ido modificando al ritmo de los procesos de globalización, para acomodarse a la economía capitalista y que, por tanto, la celebración de la multiculturalidad, lejos de transformar al sistema capitalista, sirve más bien para consolidarlo (Castro Gómez, 2000: 145).

Repercusiones políticas de las ideologías lingüísticas

Hasta aquí, entonces, hemos dicho que las implicaturas conversacionales están sujetas a representaciones sociales que descansan sobre ideologías socialmente compartidas y, en particular, sobre ideologías lingüísticas. Estas ideas y representaciones extralingüísticas de la lengua tienen repercusiones en la vida diaria de los hablantes y, en últimas, en sus posibilidades de validación política (Arnoux y del Valle, 2010).  Las ideologías lingüísticas median entre las estructuras sociales y las maneras de hablar de una comunidad lingüística, lo que implica que los usuarios de las lenguas construyen sentidos sobre sus distintos usos lingüísticos y atribuyen a cada uno indicadores sociales específicos (Kroskrity, 2000). Esto revierte en la aceptación y estandarización de los registros lingüísticos de más prestigio, a partir de su codificación en forma de diccionarios y gramáticas, cuyo principio rector reproduce la idea de que hay una sola forma de hablar correcta y, por extensión, que hay lenguas superiores a otras. Sobre la línea de los diccionarios, es la lexicografía crítica la que repara en las entradas de los diccionarios y su impacto en la vida material y cotidiana de los hablantes (Rodríguez Barcia, 2018).

La muestra más precisa de la forma en que se entrecruzan estas aristas en el plano de la exclusión social en Colombia es el uso del vocablo flecha para referirse a los teléfonos celulares de bajo costo, como tecnología esencial a los indígenas en Colombia. Está claro que, para los funcionarios de las TIC, el uso del lema flecha como señalador de la condición social de lo indígena es consabida y ampliamente divulgada, y funciona como distintivo radical entre ellos y nosotros. Valga entonces, en aras de la humanización del término, preguntar a los miembros de las comunidades indígenas si conocen el sentido del vocablo que los señala y cuál es su opinión al respecto:

Entiendo que los indios no estamos como ellos en capacidad de manejar un celular de alta gama, como el funcionario si lo viene usando desde la niñez. Hoy, cuando los indígenas compran celulares son las versiones iniciales, las más pequeñas y las más simples, las más artesanales. Mejor dicho, para ellos, es que nosotros estamos todavía en la edad de piedra. La jerga del castellano en Colombia decidió llamarlo así. Los indios compran esas flechas como una manera de decirles indios atrasados. Los celulares son flechas porque son atrasados. Es una representación de la racialidad. (Ramos Pacho: junio de 2020)

Es imposible a estas alturas no advertir el sensible vínculo entre lengua, política y poder en Colombia y no evocar el penoso pasado de sustracciones ciudadanas que aprendimos y heredamos de sus prelados decimonónicos (von der Walde, 1997). El aparato normativo que propicia estas formas de opresión lingüística está sostenido por el imaginario del español como lengua que hermana al mundo panhispánico y como herencia colonial que figuró la entrada de los americanos en el mundo civilizado (del Valle, 2007). Quizás por ello, la indiscutida reverencia de los hablantes colombianos a la Real Academia Española, manifiesta históricamente en la fundación de la primera Academia de la lengua en América en 1871, permea todavía en la actualidad los intercambios lingüísticos de los hablantes. Sin ir muy lejos, el esperpéntico episodio que nos reúne aquí, evidencia la vigencia y el vigor de las formas de opresión sujetas a la lengua; de violencia lingüística, si se quiere, que vulnera y doblega la condición ciudadana de los hablantes indígenas. Ante la pregunta de si este vocablo debería eliminarse del habla y los diccionarios de los colombianos, Ramos Pacho anota:

No hemos pensado entrar en competencia con la RAE. [Y con respecto a los funcionarios de las TIC], no pretendemos hablar con sordos. La superioridad los hace sordos. Precisamente todos esos insultos del funcionario de las TIC representan su bajeza humana. Cuando él nos está aplicando el racero […] Desde el punto de vista intercultural, los castellano hablantes tienen que reflexionar y tienen que luchar y es la tarea que les toca como dueños del idioma castellano. […] que no seamos nosotros quienes tengamos que pasarle cuentas de cobro al idioma castellano. Hagan ustedes su tarea. (Ramos Pacho: junio de 2020)

La superiorización lingüística ostentada por los funcionarios de las TIC, y sostenida sobre la inferiorización de los saberes y las lenguas indígenas de Colombia, les hace creer que los intereses económicos que defienden, claramente asociados a solo una parte del conjunto nacional, por no decir a un grupo social específico, persiguen inequívocamente el bien general. Por lo que, al negociar la dotación económica de un resguardo, les parece que las exigencias de los indígenas son más bien un gesto de abuso frente al “altruismo” del Estado para con los indígenas. Nada más alejado de la verdad, claro está, pues un gobierno genuinamente comprometido con la equidad, la justicia social y la diversidad lingüística y cultural, jamás escatimaría en recursos que sus comunidades más vulnerables exigieran para el sustento y desarrollo de sus programas de comunicación comunitaria. Antes bien, un gobierno respetuoso de las necesidades de las comunidades indígenas del país, prestaría atento oído a sus iniciativas y prodigaría cualquier posibilidad de hacerlas viables. No obstante, el vocero de las TIC dice odiar a sus representados y sentir tedio de negociar con ellos en el futuro (“Yo ya odio a estos hijueputas. A veces pienso qué mamera hacer un contrato con ellos el otro año. Pirobos hijueputas”).

Así, queda claro que el uso de flecha para significar precariedad indígena no es indicador alguno del valor y la dignidad de los saberes locales arraigados a la lengua y las costumbres aborígenes, sino, más bien, un señalador de las inercias de exclusión que encubren nuestros privilegios de clase. Esta es una oportunidad, aunque grotesca, de reparar en las implicaciones de nuestras prácticas lingüísticas cotidianas y evaluar en qué medida reproducimos mecanismos de exclusión y maltrato con pretextos humorísticos nada inocentes. Por lo demás, este hecho no es nada trivial en un país donde las reivindicaciones de las comunidades indígenas versan precisamente sobre su derecho a la autodeterminación y a la autonomía política y donde su participación está supeditada a la posesión de la tierra. Aún más preocupante, se trata de un país donde oponerse a los proyectos neoliberales del momento conlleva el riesgo de desplazamiento forzado o asesinato, a manos de diferentes agentes armados, que buscan despojar a la gente de sus tierras para traficar recursos dentro del mercado extractivista mundial.

Hoy en día, alrededor de diez mil indígenas del departamento del Cauca conciertan una tropa nacional conocida como la Guardia Indígena de Colombia. La Guardia está compuesta por hombres, mujeres y niños que marchan continuamente hacia la capital de Colombia siempre que sea necesario levantar la voz para defender su territorio y autonomía. Las armaduras que empuñan los indígenas que forman la Guardia de hoy ya no son flechas sino bastones de mando, un símbolo de resistencia y legitimación de los derechos indígenas. En ese orden, uno se pregunta por qué los diccionarios colombianos no reservan un lugar de honor a este sintagma de significado más solemne, que por lo demás enaltece la dignidad y la agencia política de los indígenas de la nación. Al día de hoy, la voz bastón de mando no forma todavía parte del compendio lexicográfico del Diccionario de colombianismos, pero flecha, en cambio, se sigue registrando sin edición o marcas de uso que señalen que no se trata de un vocablo cómico o inofensivo, sino de todo lo contrario; un uso racista y violento que vulnera la dignidad política, social y cultural de los pueblos indígenas de Colombia.

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Rodríguez Barcia, S. (2018). “De la etnolexicografía a la lexicografía crítica”. Revista de Investigación

        Lingüística, 21. Universidad de Murcia.

Semana. May 21, 2020. “Siempre Van a Ser Unos Miserables’: Miembros Del Gobierno Insultan

        a Indígenas.” Escandaloso audio de funcionarios del Gobierno insultando indígenas del Cauca.

        https://www.semana.com/nacion/articulo/escandaloso-audio-de-funcionarios-del-gobierno

        -insultando-indigenas-del-cauca/672855.

Van Dijk, Teun (2001). “Critical Discourse Analysis”. In: Schiffrin D, Tannen D and Hamilton HE (eds).

        The Handbook of Discourse Analysis. Malden, MA: Blackwell Publishing. pp. 352-371.

Van Dijk, T. (2006). Ideología: una aproximación multidisciplinaria. Barcelona: Editorial Gedisa.

       

Von der Walde, E. (1997) "Limpia, fija y da esplendor: el letrado y la letra en Colombia a finales del siglo

        XIX", Revista Iberoamericana Vol. LXIII. Pp. 71-83.

Notas

[i] Para una lectura de cómo el Bogotálogo reproduce mecanismos de poder y subordinación en Colombia, a partir de sus entradas lexicales y amparado bajo la premisa de estar atesorando patrimonio cultural nacional, véase Chaves-O'Flynn, Carolina. Doctoral Dissertation”. Lengua y violencias en Colombia: Discursos sobre patrimonio lingüístico (1991-2010)." CUNY Academic Works. 2017. http://academicworks.cuny.edu/gc_etds/1916.

 

[ii] Para una lectura de cómo el diccionario de colombianismos, publicado por el Instituto Caro y Cuervo con apoyo del Ministerio de Cultura, legitima usos discriminatorios en sus entradas lexicales, veáse: Chaves-O'Flynn, Carolina. Article. “Prostitutas, viejas y atrevidas: representaciones femeninas en la lexicografía colombiana contemporánea.” Revista Digital Internacional de Lexicología, Lexicografía y Terminología. No.2. 2019. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReDILLeT/issue/view/2023

 

[iii] Las cursivas son mías.

 

[iv] Marín, María Fernanda (Asesora Pedagógica del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC) en discusión con la autora, junio de 2020.

 

[v] Abelardo Ramos Pacho (Dinamizador y Orientador del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- y de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural -UAIIn-) en discusión con la autora, junio de 2020.

Biografía
Carolina Chaves O´Flynn

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(Bogotá, Colombia, 1979). Doctora en Lingüística Hispánica (2017) del Graduate Center de la City University of New York (CUNY) y profesora asistente en Queensborough Community College (CUNY). Literata (2005) de la Universidad de los Andes (Colombia) y Magister (2010) en Literatura española y latinoamericana de City College of New York (CUNY). Es miembro del Grupo de glotopolítica de CUNY, en el que participa con investigaciones en lexicografía crítica e historiografía lingüística. Carolina ha trabajado en varias universidades del sistema público de la universidad de Nueva York, CUNY, y en instituciones privadas de educación como Princeton University.

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